Saludos, ciudadanos.
Nadie duda que uno de los problemas más acuciantes con los que nos tenemos que enfrentar es el del paro. Durante toda la campaña electoral hemos tenido que soportar una y otra vez las peroratas que tanto unos como otros nos regalaban, "haremos", "fomentaremos", "desarrollaremos", "implantaremos", palabras estériles que además quedaban vacías de contenido incluso antes de ser pronunciadas, ya que tanto PP como PSOE tenían y tienen responsabilidades de gobierno, ya fuesen de carácter nacional, autonómico o local.
La realidad es que a día de hoy, según la última encuesta de población activa, son más de cuatro millones novecientos mil (4.900.000) los españoles que se encuentran sin trabajo.
La realidad que podemos percibir es que la reforma laboral implementada en diciembre pasado no ha servido para crear empleo si no para generar mayor inseguridad e indefensión en la clase trabajadora.
La realidad es que el pasado viernes el consejo de ministros aprobó la reforma de la negociación colectiva, aumentando aun más la presión sobre los ciudadanos.
La realidad es que a día de hoy en la mayoría de las Comunidades Autónomas se están saldando los servicios públicos y entregándolos a la gestión privada con la consiguiente pérdida de condiciones laborales de los trabajadores.
La realidad que podemos observar es que el próximo día 27 de junio los estados miembros de la unión europea firmarán el "acuerdo del euro", una nueva vuelta de tuerca para los trabajadores y nuevas herramientas para que el capital consume el expolio al que está sometiendo a los estados.
Siendo estos los planteamientos de nuestros responsables políticos, realmente, ¿alguien cree que en su conciencia existe la voluntad de crear empleo y repartir riqueza?
Evidentemente, la respuesta es no.
Por supuesto que es absurdo proponer medidas desde la ciudadanía o desde el mundo académico siempre que estás no vayan encaminadas a oprimir más al pueblo y a facilitar la acumulación de recursos por parte de los que más tienen.
Es absurdo hablar de conceptos como la reducción de la jornada laboral y el reparto del trabajo, cuya consecuencia inmediata sería una reducción drástica de la tasa de desempleo, una mayor recaudación de impuestos vía IRPF e IVA y una reducción del gasto público en subsidios de desempleo y servicios asistenciales.
Es inútil proponer cargas impositivas a productos elaborados en países en los que el respeto a los trabajadores y al medio ambiente es nulo, productos que juegan con la ventaja de no tener que soportar las cargas sociales, medio ambientales y tecnológicas que soportan los europeos. En la medida en la que estos países fuesen equiparando con los países que persiguen el "estado del bienestar" la inversión en sus ciudadanos, en medio ambiente e investigación se irían reduciendo estas cargas impositivas a sus productos, puesto que estas ya las estarían desembolsando en su país de origen. Mientras tanto los estados con unos estándares fiscales más altos recaudarían más, protegiendo su nivel de bienestar y fomentando la inversión en "bienestar" de los terceros países. Un compromiso con la competitividad en positivo, no como el que pretenden imponernos de competitividad de la miseria.
También resulta estéril reivindicar el establecimiento de una horquilla de retribuciones razonable. No es de recibo que dentro de una misma organización lleguen a darse diferencias superiores a mil veces en las retribuciones de sus asalariados.
Como también es inútil proponer que se acabe con la acumulación de cargos y retribuciones tanto de carácter público como privado.
En fin, planteamientos sencillos de llevar a cabo siempre que exista voluntad de atajar las enormes desigualdades que presenta nuestro sistema socioeconómico.
El próximo día 19 de junio tendremos ocasión de manifestar nuestro absoluto desacuerdo con las decisiones parciales, inútiles y tremendamente perniciosas que están tomando aquellos que dicen representarnos.
Nos vemos en las calles, amigos.
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